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Derecho Financiero y Bancario

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 El Derecho Financiero es el encargado de disciplinar la recaudación, la administración, distribución y gasto de los medios económicos necesarios para la vida de los entes públicos, lo que le une indiscutiblemente a las finanzas públicas, constituyendo objetivo de estudio de las normas jurídicas financieras mediante la aplicación de los principios teóricos que fundamentan las diversas instituciones financieras y crediticias que integran esta rama del Derecho.

 Ofrecemos asesoramiento jurídico en todos los ámbitos del Derecho Bancario y Financiero suministrando un servicio eficiente y flexible en las constantes adaptaciones a los cambios del sector.

 Entre los servicios que brindamos se incluyen  el asesoramiento jurídico, la asistencia legal y preparación de la documentación relativa a:

   •   Constitución de Bancos Múltiples y Entidades de Préstamos 
   •   Constitución de Asociaciones de Ahorros y Préstamos
   •   Constitución de Cooperativas de Ahorros y Préstamos
   •   Asesoría legal  a todas las instituciones que desarrollen actividades de Intermediación Financiera
   •   Préstamos
   •   Financiamiento de proyectos
   •   Financiamiento de buques y aeronaves
   •   Financiamiento nacional, internacional y del comercio exterior
   •   Operaciones financieras y bancarias
   •   Asesoría en aspectos regulatorios de la actividad de entidades de crédito y financiación
   •   Financiamiento de la Importación y Exportación
   •   Consultorías relativas a Cambio de Divisas y constitución de Agencias de Cambio
   •   Procedimientos de cobro, incluyendo mediación, arbitraje y litigio

 

  En la República Dominicana recientemente se ha estado desarrollando un mercado de valores, lo que ha servido como opción efectiva y económica para obtener financiamiento en el mercado local, conjuntamente con la banca comercial.

El 21 de noviembre del 2002, fue promulgado el nuevo Código Monetario y Financiero de la República Dominicana (Ley No. 183-02), Luego de un extenso debate político, económico y legal y de una intensa labor de más de 10 años en la que se involucraron casi todos los sectores de la sociedad.

Esta pieza legal deroga un importante grupo de leyes que regularon el mercado financiero y bancario durante más de 50 años: la Ley Monetaria No.1528 del 9 de octubre de 1947 Ley, la Ley General de Bancos No. 708 del 14 de abril de 1965, la Ley sobre Bancos Hipotecarios de la Construcción No. 171 de 7 de junio de 1971, la Ley 292 del 30 de junio de 1966, sobre Sociedades Financieras de Empresas que promueven el Desarrollo Económico (financieras), entre otras.

Con la promulgación de la ley del Mercado de Valores en el año 2000 y la aprobación del Código Monetario y Financiero, la banca comercial y la banca de inversión experimentan modificaciones significativas que sujetan una extensa regulación administrativa y facultativa a las instituciones consagradas a la banca comercial, así como a las empresas que adquieren sus capitales por medio de la banca de inversión.

 La regulación del sistema monetario y financiero en todo el territorio de la República Dominicana se lleva a cabo únicamente por la Administración Monetaria y Financiera. La reglamentación del sistema abarca la fijación de supervisión, políticas, ejecución, reglamentación y aplicación de sanciones, en los términos estipulados en esta Ley y en los Reglamentos dictados para su desarrollo.

 

El sistema monetario y financiero de la República Dominicana está regulado de manera exclusiva por la Constitución de la República y la referida Ley, los Reglamentos que para su desarrollo dicte la Junta Monetaria y los Instructivos que subordinados jerárquicamente a los Reglamentos que dicte la Junta Monetaria, dicten el Banco Central y la Superintendencia de Bancos en el área de sus respectivas competencias. Serán de aplicación supletoria en los asuntos no previstos específicamente en las anteriores normas, las disposiciones generales del Derecho Administrativo y en su defecto las del Derecho Común.

La Administración Monetaria y Financiera está compuesta por la Junta Monetaria, el Banco Central y la Superintendencia de Bancos, siendo la Junta Monetaria el órgano principal de ambas entidades. La Administración Monetaria y Financiera goza de autonomía funcional, presupuestaria y organizativa para el cumplimiento de sus funciones.

El objeto del nuevo Código Monetario y Financiero de la República Dominicana es establecer un régimen regulatorio del sistema monetario y financiero de la República Dominicana, fortalecer el poder normativo de los organismos encargados de la regulación de estos sistemas para mantener la estabilidad de precios, base indispensable para el desarrollo económico nacional.

Al tratar de adaptar el sistema monetario y financiero al avance de los tiempos modernos, la Ley 183-02 es una de las leyes de mayor trascendencia aprobadas en los últimos años.

Entre sus aspectos más importantes para el mundo de los negocios y para los abogados se encuentran los siguientes:

     • Mantiene como organismos encargados de la administración monetaria y financiera a la Junta Monetaria, el Banco Central y la Superintendencia de Bancos, pero sitúa en rango superior a la Junta Monetaria y declara que es “el órgano superior de ambas entidades”. La Junta Monetaria tiene como objetivo principal determinar las políticas monetaria, cambiaria y financiera de la nación;

     • Permite la firma de contratos y contraer obligaciones, asumir deudas monetarias en cualquier moneda, aunque se mantiene el Peso Oro como la moneda nacional conforme lo define la Constitución de la República;

     • Autoriza las actividades de los denominados Agentes de Cambio (anteriormente estaban reguladas por Resoluciones de la Junta Monetaria) que son las compañías por acciones organizadas de acuerdo con las leyes de la República Dominicana que se dedican de manera habitual y exclusiva a la compra y venta de divisas;

     • Dispone que las tasas de interés para transacciones denominadas en moneda nacional y extranjera serán determinadas libremente por los agentes del mercado;

     • La Superintendencia de Bancos supervisa las entidades de intermediación financiera;

     • La Ley reorganiza la clasificación de las entidades de intermediación financiera y las divide en entidades accionarias: Bancos Múltiples y Entidades de Crédito, pudiendo estas ser Bancos de Ahorro y Crédito y Corporaciones de Crédito, y;  no accionarias: las Asociaciones de Ahorros y Préstamos y las Cooperativas de Ahorro y Crédito que realicen intermediación financiera (el régimen legal de estas dos sin embargo no fue modificado, pues no se derogaron las leyes que rigen a estas dos clases de entidades);

     • Los bancos constituidos con arreglo a la legislación de otros países (sucursales bancarias establecidas en el país como por ejemplo: Nueva Scotia, el Citibank) pueden realizar operaciones bajo cuatro modalidades: (1) mediante la adquisición de acciones de Bancos Múltiples y Entidades de Crédito existente; (2) Mediante la constitución de entidades de intermediación financiera de carácter accionario; (3) bajo la modalidad de filial, mediante el establecimiento de Bancos Múltiples y Entidades de Crédito propiedad de bancos y otras entidades financieras; o, (4) mediante el establecimiento de sucursales de bancos constituidos con arreglo a la legislación de otros países. La Ley también reconoce la posibilidad de que los bancos extranjeros no domiciliados en el territorio nacional puedan establecer oficinas de representación en la República Dominicana, no pudiendo en ningún caso estas oficinas de representación realizar actividades de intermediación financiera sino al parecer -aunque no lo dispone expresamente la Ley- solo pueden promocionar entre los clientes locales los productos y servicios del banco extranjero que representan.

El Código Monetario y Financiero es una pieza legal de vital importancia para la República Dominicana, cuya aplicación beneficiará ampliamente la economía nacional.

 
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